comercio cerrado

Cobertura de las pólizas de seguros para comercios. Consecuencias de las pérdidas sufridas por los establecimientos a causa de la pandemia provocada por el virus COVID 19

En la hostelería y el comercio en general, ha sido y, es frecuente, la contratación de pólizas de seguros que incluyan la cobertura por pérdidas económicas a causa de la paralización o interrupción total, parcial, o temporal, de la actividad a la que se dediquen como consecuencia de un siniestro en concreto.

Ante el panorama de pandemia actual que nos asola, desde hace ya más de un año, la excepción son los establecimientos que se mantienen o, simplemente “sobreviven”, pese al declive económico en el que el país se ve inmerso.

Lo primero que vamos a analizar, con objeto de llegar a entender cómo funciona este producto en el ramo asegurador, los seguros específicos para comercios y establecimientos, es el concepto de “siniestro”.

En el ámbito de las compañías de seguros, un siniestro es elemento clave en un contrato de seguro, existiendo muchos tipos desiniestros, en función del tipo de seguro del que se trate y de las condiciones de la póliza.

Por tanto, respecto a las pólizas de seguros con cobertura de pérdidas, un siniestro supone la inoperatividad efectiva dela actividad económica del establecimiento en cuestión. Pero, ¿podría definirse como siniestro, la situación actual de pandemia a causa del virus COVID 19?

Hasta ahora, ningún operador aseguradorni jurídico, hubiera pensado en la posibilidad de que una pandemia, pudiera constituirse como una de las causas que pudieran provocar pérdidas económicas tan contundentes como las que se vienen sucediendo, por ello cabe hacernos la siguiente pregunta: ¿qué ocurre con las pérdidas económicas de la actividad del sector hostelero por ejemplo, cuando las pólizas no excluyen implícitamente el riesgo de pandemia?.

En este sentido, ya ha brotado la primera resolución judicial en la que se condena a la compañía aseguradora a pagar las pérdidas provocadas por el cierre de un establecimiento hostelero a causa de la Covid-19, en la medida en que dicha indemnización estaba contemplada en las condiciones particulares de la póliza (en este caso concreto se estipuló una compensación de 200 euros diarios durante un plazo máximo de 30 días).

Es el caso de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Gerona de 3 de Febrero de 2.021, la cual falla a favor de la entidad tomadora de la póliza y, ello pese a que la misma, tan sólo incluía una cobertura para la “pérdida de beneficios” y para la “paralización de la actividad”, no excluyéndose expresamente que la causa que motivaron las pérdidas y/o la paralización de la actividad, devinieran del riesgo de una eventual pandemia.

Esta Sentencia ha abierto la veda de futuras reclamaciones por parte de tomadores perjudicados por la catástrofe económica que se viene sucediendo en el sector hostelero, así como el comercio en general, de modo que, las compañías aseguradoras podrían tener que responder de dichas pérdidas en virtud de la cobertura de lucro cesante o, pérdida de beneficios, que conste inserta en las condiciones particulares de las pólizas suscritas.

El hecho significativo es que en Europa ya se venía haciendo uso de este mecanismo para preservar la actividad económica de establecimientos hosteleros, así como determinados comercios que han visto motivado el cierre de su actividad, con las nefastas consecuencias económicas que derivan de ello, a causa de la Covid-19, pero, en España, esta sentencia podría haber sentado un precedente muy significativo dado el panorama de crisis económica actual, acrecentada en este sector.

Y es que, hasta el momento de la Sentencia citada, las pólizas de negocio de las compañías aseguradoras, no habían respondido por las pérdidas económicas sufridas por los establecimientos que se han visto abocados al cierre de su actividad, a causa de la Covid-19.

La clave de la Sentencia se encuentra en la siguiente afirmación: “el asegurado ve interrumpido su negocio y mermados sus ingreso” motivo por el cual “nos hallamos ante una clara limitación de los derechos del asegurado en un contrato de adhesión por lo que, su validez y oponibilidad vendría condicionada al cumplimiento de los específicos requisitos, de aparecer destacadas de modo especial en la póliza”, todo ello pese a que la póliza suscrita no contemplaba el supuesto de pérdidas económicas causadas por una situación excepcional de pandemia.

¿Qué opina UNESPA (asociación empresarial que agrupa las entidades aseguradoras de España y representa al 96% del mercado español de seguros) acerca de esta decisión judicial?

No podemos olvidar que, en este caso, la pérdida de beneficios derivados de cierres de los negocios, ha venido motivada por las decisiones de la Autoridad Gubernamental, decretadas como consecuencia del estado de alarma ante la crisis sanitaria por la Covid19.

Parece que la situación actual también ha puesto a prueba al sector asegurador que, al menos en España, no disponía de una rama de coberturas público-privadas que pudiera responder en el caso de su contratación, de pérdidas asimilables a las que son objeto de este artículo, esto es, pérdidas que devienen de una situación de crisis sanitaria que, por decisión de la Autoridad Gubernamental (sector público) ha hecho imposible la continuación del ejercicio de la actividad productiva del negocio afectado y, que no conllevan daño material.

En búsqueda de soluciones de futuro se encuentra actualmente la patronal de las compañías aseguradoras a fin de analizar un posible esquema de coberturas público-privadas que puedan responder por este tipo de pérdidas económicas.

En resumidas cuentas, si bien es cierto que los tomadores de este tipo de pólizas de negocio deben ver amparada, al menos parcialmente, parte de las pérdidas sufridas por el desolador panorama económico actual, no es menos cierto que, de no disponer de unas mínimas garantías para las compañías aseguradoras por parte, tanto de las instituciones europeas, como gubernamentales de nuestro país, el perjuicio económico para este sector asegurador está también garantizado.

Escrito por: Amal Ezzeddine Aragón Abogada


Tributación de las adjudicaciones de vivienda en la herencia

En el día de ayer se publicó en el Diario de Sevilla una noticia cuyo encabezamiento era el siguiente:

La Junta cobra ya por una gran mayoría de herencias que estaban exentas: “Obliga ahora a pagar por Actos Jurídicos Documentados (AJD) al adjudicatario de la única vivienda de una masa hereditaria que ha compensado en dinero a los demás herederos”

Lo anterior resulta novedoso jurídicamente, además de que da mucho juego periodístico, porque al poco tiempo de reformar el Impuesto de Sucesiones cambian de criterio para empezar a recaudar por un nuevo concepto, convirtiéndose la Agencia Tributaria de Andalucía “pionera” a nivel nacional en la aplicación de este criterio.

Para escribir esta entrada hemos tratado de tener acceso a la fundamentación jurídica de esta decisión y para ello hemos tratado de encontrar en internet la Circular 1/2017 de 13 de octubre, a la se hace mención en la noticia, e igualmente la hemos solicitado en el teléfono de Atención Tributaria de la Agencia Tributaria de Andalucía, pero nos informan de que por ahora no es pública, lo cual clama al cielo y redunda de forma muy negativa en la imagen de la Hacienda Pública por su falta de transparencia.

En esta entrada queremos explicar en qué afecta a los contribuyentes esta nueva situación, si bien, debemos advertir que no disponemos de toda la información necesaria para rebatir el nuevo criterio interpretativo.

Tal y como se recoge en la noticia, la Agencia Tributaria ha decidido gravar un supuesto de hecho muy habitual en las herencias modestas, los casos en los que hay varios herederos, una única vivienda que se adjudica a uno de ellos y los demás bienes o dinero en cuenta corriente son insuficientes para compensar al resto de herederos. Pongamos un ejemplo:

Herederos: Felipe, Cristina y Helena.

Bienes de la herencia: Vivienda valorada en 90.000 euros y dinero en el Banco, 30.000 euros.

El total de los bienes de la herencia están valorados en 120.000 euros, como son tres herederos a cada uno le corresponde asignarse bienes por valor de 40.000 euros. Dado que la vivienda es indivisible y a uno de ellos les interesa adjudicársela, el reparto de bienes sería desigual:

Para Felipe la vivienda: 90.000 euros.

Para Cristina dinero:15.000 euros.

Para Helena dinero: 15.000 euros.

Solución: Ante la imposibilidad de hacer lotes iguales porque el dinero en las cuentas resulta insuficiente para ello, este desequilibrio se compensa mediante un pago de Felipe a sus dos hermanas, es decir, este debe pagarle 25.000 euros a cada una ellas. De esta forma, el resultado final es que cada uno recibe lo mismo, 40.000 euros.

Hasta la fecha resultaba pacífico que haciendo esta operación en el momento de la partición de la herencia no había que tributar por Actos Jurídicos Documentados, dado que estamos es sede del Impuesto de Sucesiones.

Pero, tras el cambio de criterio, la Agencia Tributaría les puede reclamar el pago de AJD por la adjudicación de la vivienda, el cual ascendería a un 1,5% de los 90.000 euros, es decir, habría que pagar 1.350 eurosAntes no se pagaba nada.

 

Debemos añadir que, además de ser esta una operación particional muy habitual, resulta incluso deseable porque los bienes en proindiviso son una fuente habitual de conflicto. Tanto es así, que se puede decir que el Código Civil las fomenta en su artículo 1062:

“Cuando una cosa sea indivisible o desmerezca mucho por su división, podrá adjudicarse a uno, a calidad de abonar a los otros el exceso en dinero.”

La interpretación más generalizada de la tributación de actos particionales la encontramos en una recientemente Resolución Vinculante de la Dirección General de Tributos, V3741-16 de 07 de septiembre de 2016, donde se planteaba por el consultante una operación exactamente igual a la expuesta y se llegaba a la siguiente conclusión:

“La clave está precisamente en los artículos del Código Civil que se citan, pues si el exceso de adjudicación que origina la compensación en metálico se fundamenta en lo dispuesto en alguno de ellos no estará sujeto a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del ITPAJD. En tal caso, dicho exceso de adjudicación no tributará de forma independiente como tal, sino que sólo procederá la tributación en el ISD, por la porción hereditaria recibida por cada uno de los sucesores del causante (el consultante y su hermana), con independencia de que la hermana reciba parte de su herencia mediante una cantidad en metálico en compensación de los inmuebles que recibe el consultante. En caso contrario, el exceso de adjudicación deberá tributar por el concepto de transmisiones patrimoniales onerosas, ya que se tratará de una operación distinta –y posterior– a la de la partición y adjudicación de la herencia.”

Es decir, la Dirección General de Tributos aclaraba que cuando esta operación se hace en el momento de la aceptación y partición de la herencia tributa por Sucesiones y por lo tanto no se tributa por Actos Jurídicos Documentados. Cuestión distinta es que se haga con posterioridad, una vez aceptada la herencia y constituida la comunidad de bienes, en tal caso, al ser una operación posterior e independiente de la herencia, según ellos, sí que tributaría por Actos Jurídicos Documentados.

Y la Dirección General de Tributos no hace sino seguir la jurisprudencia del Tribunal Supremo que en reiteradas ocasiones (sentencias de 23 de mayo de 1998 y de 28 de junio de 1999) ha dicho que:

“La división de la cosa común y la consiguiente adjudicación a cada comunero en proporción a su interés en la comunidad de las partes resultantes no es una transmisión patrimonial propiamente dicha –ni a efectos civiles ni a efectos fiscales– sino una mera especificación o concreción de un derecho abstracto preexistente. Lo que ocurre es que, en el caso de que la cosa común resulte por su naturaleza indivisible o pueda desmerecer mucho por su división –supuesto que lógicamente concurre en una plaza de aparcamiento e incluso en un piso (no se trata de la división de un edificio, sino de un piso, artículo 401 Código Civil)– la única forma de división, en el sentido de extinción de comunidad, es, paradójicamente, no dividirla, sino adjudicarla a uno de los comuneros a calidad de abonar al otro, o a los otros, el exceso en dinero –artículos 404 y 1.062, párrafo 1.º, en relación éste con el artículo 406, todos del Código Civil–.

Esta obligación de compensar a los demás, o al otro, en metálico no es un «exceso de adjudicación», sino una obligación consecuencia de la indivisibilidad de la cosa común y de la necesidad en que se ha encontrado el legislador de arbitrar procedimientos para no perpetuar la indivisión, que ninguno de los comuneros se encuentra obligado a soportar –artículo 400 del Código Civil–.”

 

El Tribunal Supremo parece tener un criterio aún más benévolo que la Dirección General de Tributos, por el que no habría que pagar en ningún caso, ni con la adjudicación de la vivienda en la partición de la herencia, ni aun después en la extinción del proindiviso. Esto último es un tema muy complejo, que ha dado lugar a jurisprudencia contradictoria, y no queremos profundizar en esta entrada, pero nos gustaría que quedase claro que mientras parece que la tendencia es a facilitar la no perpetuación de situaciones de copropiedad no teniendo que tributar por ello, la Agencia Tributaria Andaluza se desmarca en sentido contrario.

 

Parece que se ha interpretado la norma para encontrar la conexión entre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y el Impuesto de Sucesiones en la partición de la herencia, compatibilizando la sujeción a ambos impuestos. Por ello, nuestra Administración se posiciona a la “vanguardia” de la recaudación de este impuesto, pero ello no impide a los contribuyentes discutir este criterio en vía administrativa o posteriormente en vía judicial, dado que lo más probable es que estas resoluciones acaben siendo revocadas por los tribunales.

Queremos acabar reiterando que el hecho de que no haga pública la fundamentación de esta decisión redunda muy negativamente en la imagen de la Administración y pone de manifiesto su interés recaudatorio por encima de la seguridad jurídica en la aplicación e interpretación de la norma tributaria. Con ello dificulta el debate público o la posibilidad de que los contribuyentes afectados, “auténticos conejillos de indias”, puedan fundamentar sus alegaciones.