El caso Semedo: sospechosos habituales.

Rubén Semedo, futbolista fichado por el Villareal CF en el pasado mercado veraniego de 2017, se encuentra en prisión provisional por una instrucción penal por la posible comisión de varios delitos muy graves. El “Caso Semedo” está de total actualidad y su evolución va a generar noticias durante los próximos meses. En este contexto conviene analizar, de forma global y con carácter sucinto, las implicaciones jurídicas que tiene este caso para su Club y para el futbolista.

Antes de entrar en materia, conviene aclarar que el jugador es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En España la presunción de inocencia prima por encima de todo (en especial, en sede laboral, donde tiene una regulación específica a favor del trabajador) y mientras no se demuestre lo contrario, Semedo es inocente y hay que tratarlo como tal. Todo ello pese a la privisión provisional acordada por el juez de instrucción (medida bastante habitual hoy en día y que casa muy mala con dicha presunción de inocencia, todo sea dicho) y a los problemas de imagen que arrastra Semedo desde hace tiempo por un estilo de vida poco adecuado con un futbolista profesional.

Lo primero que hay que decir es que la relación contractual entre el jugador y el Villareal CF es una relación laboral especial, sujeta de forma general al Estatuto de los Trabajadores y, con carácter especial, al conocido decreto 1006/1985 de 26 de junio que regula la relación laboral de los deportistas profesionales. También hay que contemplar, de forma inmediata, al Convenio colectivo para la actividad del fútbol profesional de octubre de 2015. Todo ésto en relación a la regulación española aplicable al caso.

Desde este punto de vista laboral-deportivo, el contrato de trabajo está suspendido según el art. 45.1.g) del Estatuto de lo Trabajadores y del propio art. 12 del Decreto 1006. Es decir, el contrato de trabajo no genera obligaciones para el Club ni para el jugador durante este período (el jugador no tiene que cumplir sus obligaciones, principalmente, jugar y entrenar) y el Villareal CF no tiene que pagar su retribución laboral (nóminas) durante este período. Pero sólo durante este período, porque el contrato existe todavía, aunque esté, digamos, “congelado”.

Cuando el jugador supere la prisión provisional, tiene que volver a reincorporarse, teniendo derecho a entrenarse y a no ser tratado de forma diferente por este hecho. Es decir, por mucho daño a la imagen del Villarreal CF y por muchos problemas extradeportivos que esta situación pueda generar, el jugador conserva todos sus derechos laborales (art. 48.1 del Estatuto y 7.4 del Decreto 1006/1985).

Si Semedo fuese condenado (en firme), sí se le podría despedir, en tal caso, habría que analizar si puede ser un despido disciplinario (sin indemnización), objetivo (por no poder trabajar y con una indemnización menor), o improcedente incluso (con la indemnización mayor y posibles sanciones deportivas, pero eso, a nivel FIFA). Aunque puede parecer disparatado, acudir al despido disciplinario, que sería lo deseable para el Villareal CF y lo lógico para un lego en la materia, no es sencillo. Este tipo de despidos exige poner en marcha procedimiento disciplinario por parte del Club, y luego unas medidas sancionadoras suficientes (siempre que estén previstas en la normativa interna del Club con anterioridad, y dando por hecho que el jugador se ha comprometido a respetar contractualmente dicho código, que es lo habitual, por otra parte). El propio art. 17 del Decreto 1006/1985 prohíbe las sanciones por hechos extradeportivos, con dos excepciones difícilmente aplicable a este supuesto (por motivos de prueba). Esta dificultad podría haberse superado vía Convenio Colectivo, pero en acuerdo vigente no ha regulado nada en materia disciplinaria. España y la LNFP no son ni EEUU ni la NBA, donde los códigos de conductas, en sentido amplio, son consideran muy importantes para el deporte profesional. Nuestros deportistas profesionales son trabajadores poco diferentes de los ordinarios, lo cual nos lleva a situaciones absurdas, tanto en este materia, la disciplinaria laboral, como en sede fiscal (pero ese es otro tema).

Todo lo anterior a efectos de la legislación española. Ahora bien, ¿tendría este despido, en su caso, consecuencias a efectos FIFA o UEFA? Es decir, ¿qué efectos tendría esta medida fuera de la legislación laboral española? Acudimos al art. 14 del Reglamento FIFA de 2015 sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores. Si el Villareal CF despide al jugador y el despido es declarado ajustado a derecho (ya sea disciplinario u objetivo), el Club nunca tendría sanciones deportivas ni tendría que indemnizar al jugador. Cuidado que en caso contrario, sí. De ahí que el Villareal CF, nos consta, esté llevando este asunto con sumo cuidado y discreción. Seguirán todos los cauces legales para no meterse en problemas.

Pero hay algo más. ¿Cabría la posibilidad, según la normativa FIFA, de exigir una compensación económica a Rubén Semedo en el caso de que el Villareal CF le resolviese el contrato vía despido? Las cantidades a reclamar, dada las características de este caso, serían muy altas (quizás lo totalidad del traspaso pagado al Sporting de Portugal, es decir, unos 15 millones euros). Pues bien, con la actual normativa FIFA, no parece factible. El “Caso Mutu, que implicó al otrora prometedor delantero rumano, y al Chelsea, Juventus y al Livorno, es difícil que vuelva a repetirse. En este caso, recordemos, el Chelsea resolvió por incumplimiento de Mutu su contrato deportivo al considerar que su sanción por dopaje era un incumplimiento del su contrato; y demandó al jugador, a la Juventus y al Livorno por unos 17 millones de € (en resumen, el coste total del fichaje del jugador no amortizado). La normativa ha cambiado y las dudas que entonces podían existir, con el RETJ y la Jurisprudencia del TAS más reciente prácticamente han desaparecido.

Finalmente, comentar que este tipo de casos van a tener más importancia en el fútbol español a corto y medio plazo: el derecho penal se ha “reintroducido” en la sociedad española y en el deporte. Hay nuevos tipos (como los relativos al amaño de partidos) y mayor sensibilidad con determinadas conductas (aquellas relacionadas con los delitos sexuales). Los casos como la pretendida violación grupal de los jugadores del Arandina CF, los amaños del Levante-Zaragoza, el caso Osasuna, etc… serán cada vez más frecuentes y el fútbol español tendrá que adaptarse. Probablemente, a través de la normativa general o del propio convenio sectorial del fútbol. Pero, mientras tanto, tenemos lo que tenemos. Y hay que ajustarse con eso.

Gerardo Siguero.

Derecho mercantil y deportivo.

 

Nota: la imagen de cabecera pertenece a la película “The Usual Suspects" (1995) y es propiedad de PolyGram Filmed Entertainment y Spellings Films International ; se utiliza en este artículo con fines docentes, explicativos y de investigación jurídica en relación al texto de dicho artículo, al amparo de la legislación sobre propiedad intelectual. Por supuesto, Rúben Semedo es inocente de todos los cargos hasta que se demuestre lo contrario.


¿Puedo firmar un contrato deportivo en nombre de mi hijo?

Durante estos últimos años, el fútbol, el “opio” del pueblo, se ha ido convirtiendo en muchos en  el centro de las vidas de muchas familias; en muchas ocasiones, que los niños jueguen al futbol se ha convertido como en el antiguo oeste en la “búsqueda de oro”. Parece que ha quedado lejos aquello de practicar deporte por el mero hecho de hacer deporte. Es desgraciadamente frecuente que los padres traten a sus hijos como inversiones o proyectos económicos, aunque la culpa  no es sólo de los padres, también de una industria que factura miles de millones de euros y que cada día extiende sus redes más y más, hasta llegar a  las categorías inferiores. Cada vez hay más ojeadores o caza talentos viendo partidos de categorías inferiores en búsqueda del próximo Cristiano o del siguiente Messi.

En este artículo tratamos de dar algunos consejos legales básicos a aquellos padres, que quizás sin querer, se encuentran en la siguiente situación: a mi hijo le han ofrecido firmar un contrato y me dicen que además tengo que firmarlo yo…¿qué hago?

Pues la primera respuesta que les daría sería, no firmes nada sin acudir antes a un abogado especialista en la materia. En especial, en derecho deportivo. Porque los compromisos contractuales son muy delicados y pueden condicionar la carrera futura del jugador. La forma de remunerar al deportista también es importante (los derechos de imagen también pueden utilizarse para retribuir a jóvenes canteranos), porque a efectos tributarios, la forma de estructurar la remuneración tiene mucha transcendencia. Es decir, la misma cantidad, para entender, puede significar bastante más dinero si diseña bien la forma del pago por parte del club.

Quizás las primeras dudas que nos asalten sean…¿puede mi hijo menor de edad firmar un contrato?¿a qué edad puede empezar a trabajar?¿quién tiene que firmarlo?¿qué validez tiene dicho contrato?, todas estas cuestiones para ser resueltas y fundamentadas jurídicamente, deberían ser objeto de un extenso artículo, aquí simplemente vamos a dar algunas ideas que puedan servir de guía.

En España, la edad mínima para trabajar son los 16 años, por lo que por mucho que un chico de 12 años pueda ganar 1 millón de euros al mes, no será profesional, ya que la profesionalidad en derecho deportivo, viene marcado por el concepto de ganar más dinero del que sea suficiente para la propia práctica deportiva. Hace relativamente poco el Tribunal Supremo en sentencia de 5 de febrero de 2013, se analizó el caso Baena, donde un menor de edad firmaba un contrato, en el que se comprometía al llegar a los 18 años a firmar un contrato de trabajo profesional. El caso es que al llegar a los 16 años de edad, firmó por el Espanyol, en vez de con el Barcelona, con quien tenía firmado ese contrato previo, y el Barcelona le reclamó el importe de su cláusula de rescisión, que estaba fijada en 3.489.000 euros. Sin embargo el TS, el 5 de febrero de 2013, dictaminó que no existía obligación de pago de 3.489.000 euros, según la cláusula que el FC Barcelona había redactado, por incumplimiento del contrato laboral, ya que éste era nulo de pleno derecho y sólo condenó al pago de 30.000 euros por no haberlo hecho. Es decir, no llegó a tener ni validez ni vigencia legal el contrato de trabajo “no firmado” y sí se obliga a los padres a responder del incumplimiento de no firmar el fututo contrato laboral, pero las sumas son infinitamente diversas.

De ese supuesto debemos extraer las siguientes consecuencias, en primer lugar hasta los 16 años en España no se puede trabajar, por tanto hasta esa edad, no se pueden firmar contratos de trabajo (hay que recordar el caso de José Antonio Reyes en el Sevilla FC, que tuvo que esperar a debutar con el Sevilla FC a cumplir precisamente esta edad mínima). Es cierto que cabe la posibilidad que por otros conceptos se reciban cantidades “por jugar al futbol”, pero no tendrán la consideración de una relación laboral especial de un deportista profesional, será otra cosa. La firma tendrá que ser la de los padres ya que los menores no tienen “capacidad legal”, con lo que asumen una responsabilidad de aquello que firman. Conviene comentar que en otros ordenamientos las limitaciones para que un deportista joven se transforme en deportista profesional son mucho más exigentes (por ejemplo, en la NFL o la NBA, donde además de la edad se exige un paso previo por la Universidad, estancia en “College” que no puede ser remunerada de ninguna manera) y en otros deportes o disciplinas, como en el caso de la ATP, más flexibles.

En conclusión, el mundo del futbol hasta en categorías inferiores se está industrializando y en cierto modo aunque sea triste, profesionalizando, y ésto puede tener muchas consecuencias, como hemos visto no sólo para el futuro de los “niños” sino que también para los padres por los contratos que se puedan firmar con clubs, representantes, agencias de representación, etc…por tanto, mucho cuidado con lo que se firma, y en caso de duda, consultad a un buen especialista.

Ignacio de la Higuera López-Frías

​Derecho mercantil y derecho deportivo.

[A]Code Abogados


Griezmann y la sanción al fc barcelona: mucho ruido y pocas nueces

Vamos a dedicar unas breves líneas para aclarar, desde el punto de visto jurídico y práctico, la situación del FC Barcelona, Antoine Griezmann y el Club Atlético de Madrid SAD. La situación es de sobra conocida: desde ayer, 19 de diciembre de 2017, se comenta en los medios informativos que el Club Atlético de Madrid, empleador y titular de los derechos federativos del futbolista francés va a denunciar ante la FIFA las “negociaciones prohibidas” que ha, supuestamente, entablado el FC Barcelona con su delantero. Griezmann tiene contrato en vigor con el Atlético de Madrid SAD, por varios años más (hasta el 2022 se dice).

En los medios informativos se ha citado el “Caso Mexés” de forma incorrecta, relacionando ambos supuestos y generando alarma o temor en el entorno del FC Barcelona por estas posibles infracciones, importantes responsabilidades económicas (millones de € de indemnización) y disciplinarias para el equipo culé (de nuevo, prohibición de inscribir jugadores en sendas ventanas de mercado).

Lo primero que hay que decir es que acudir al “Caso Mexés” no tiene ningún sentido jurídico. Este caso fue pionero en su día, sentó Jurisprudencia deportiva (dicho sea en términos “vulgares” y no en sentido jurídico estricto); pero el supuesto de hecho no guarda relación alguna. El “Caso Mexés” fue uno de los primeros casos de ruptura injustificada de contrato, en el que el defensa francés rompe su contrato con el Auxere y se marcha a la AS Roma. Estaríamos dentro del ámbito del artículo 17 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFAAquí sí caben sanciones deportivas severas y responsabilidades indemnizatorias importantes. Pero no tiene nada que ver con el incidente de Griezmann

El asunto de Griezmann se regula en el artículo 18.3 de este mismo Reglamento FIFA, estableciéndose “sanciones pertinentes” en caso de negociar con un jugador con contrato en vigor sin informar al club empleador si el jugador tiene más de 6 meses de contrato. Véase que la normas no define dichas sanciones pertinentes... ¿Cuáles son?

Es un principio general del Derecho (también para la FIFA) que no pueden imponerse sanciones sin estar previamente tipificadas, ni las infracciones, y tampoco las correspondientes sanciones. En este caso, la infracción se tipifica, pero no la consecuencia de la misma. Es decir, no sabemos a ciencia cierta qué efectos tiene no respetar este deber de iniciar negociaciones prohibidas.

En la práctica, y así pasaba con el anterior Reglamento FIFA, lo que suele suceder es que se imponen multas económicas, de importante cuantía para “sujetos de a pie”, pero de importe ridículo para el deporte profesional. Los casos antes el TAS han terminado en idénticas condiciones.

¿Pueden los aficionados del FC Barcelona alarmarse por las noticias sobre la denuncia de estas negociaciones ante la FIFA? Pruebas a parte (esa es otra cuestión, pero fundamental, no lo olvidemos), con la Ley actual en la mano, lo más probable es que el FC Barcelona fuese sancionado únicamente con una multa económica de varias decenas de miles de euros, pero nada más. Es cierto que el hecho de no tener un expediente inmaculado en sede FIFA es una circunstancia que puede generar mayor temor, pero al no ser infracciones reiteradas, sino diferentes, dudo mucho suponga una variación significativa con lo que, hasta ahora, ha venido pasando en casos similares. Quizás la multa sea algo mayor, pero nada más.

Finalmente, recordemos que recientemente en la NBA se ha dilucidado un caso parecido (en este caso, involucrando a varios ejecutivos de los L.A. Lakers y el jugador de, entonces, Indiana Pacers, Paul George). Con la celeridad propia de los norteamericanos, el resultado del expediente fue parecido: multa por “tocar” (“tampering” en términos exactos) al jugador de baloncesto de 500.000 de dólares americanos. No es un caso comparable jurídicamente, pero sí en términos prácticos: los hechos son los mismos, muy recientes y las consecuencias fueron, o serán, previsiblemente muy parecidas.

 

 

Gerardo Siguero.

Derecho mercantil y deportivo.


El caso vitolo (3): la amenaza fantasma

EL CASO VITOLO (3): LA AMENAZA FANTASMA

Volvemos a escribir sobre el denominado “Caso Vitolo”, que sigue de actualidad. En concreto, este artículo va a consistir en analizar si, desde el punto de vista del derecho deportivo, tiene algún tipo de viabilidad las amenazas del presidente de la UD Las Palmas SAD contra el Sevilla FC SAD por, supuestamente, haber incumplido el Sevilla FC su obligación de pagar puntualmente a la UD Las Palmas una cantidad estipulada contractualmente cuando se acordó su transferencia desde el equipo canario al Sevilla FC.

En efecto, este tipo de pactos son perfectamente válidos y, desde hace unos años, muy habituales. La libertad contractual es un elemento muy apreciado en el derecho FIFA, pues reporta ventajas para todos: al jugador le facilita su promoción deportiva y económica, al club comprador le permite invertir a menor precio en la adquisición de un jugador con potencial por desarrollar, y al club vendedor le permite participar de una eventual plusvalía futura de su deportista, plusvalía que, no nos engañemos, no sólo depende del propio futbolista, sino también del nivel en el que compita. Agentes, clubes, deportistas…todos se benefician de este sistema contractual abierto y flexible.

Pues bien, en este escenario, parece ser que el Sevilla FC se comprometió a pagar a la UD Las Palmas un porcentaje (12’5%) de la cantidad obtenida en un futuro traspaso de Vitolo. En este sentido, hay que destacar que los términos exactos en los que redactó el derecho de participación de la UD Las Palmas son claves para resolver la primera cuestión que se nos plantea.

¿Pueda la UD Palmas reclamar alguna cantidad por el “caso Vitolo”? Dependerá de la redacción del pacto de participación. En el “Caso Keita” (dictamen de 2010), que también involucró al Sevilla FC curiosamente, el TAS dictaminó que dado que el pago de una cláusula de rescisión no es un traspaso (en realidad, es justo lo opuesto a un traspaso), si la cantidad o porcentaje de participación se acordó sobre el importe obtenido en un posible traspaso, en los supuestos de extinción indemnizada del contrato de un jugador de futbol el club “indemnizado” no tiene que asumir dicho acuerdo de participación. La solución, desde el punto de vista jurídico, no era complicada ni difícil de prever. Pero tal y como lo resolvió el TAS, y teniendo en cuenta todo lo explicado anteriormente, basta con redactar los contratos en términos más amplios para poder exigir estas cantidades: es decir, si el pacto de participación se redacta en términos amplios, por ejemplo, con la siguiente redacción literal: “el club vendedor se reservará un 12’5% de participación del traspaso o pago de la cláusula de rescisión que pueda acontecer”, sólo con ese matiz, ya la cantidad participada sí sería exigible. Habrá que estar al contenido literal del contrato, aunque intuimos que es bastante probable que la redacción del contrato entre el Sevilla FC y la UD Las Palmas se haya hecho en estos términos y permita exigir una participación sobre el pago de la cláusula de Vitolo.

¿Tiene el Sevilla FC derecho a no pagar? Se han filtrado dos argumentos en la prensa deportivaque a nuestro juicio, son discutibles. El primero, que mientras no esté totalmente definida la cantidad concreta que debió percibir el Sevilla FC por la extinción unilateral del contrato (si el precio de la cláusula de rescisión era de 35 o 45 millones), no se puede exigir ninguna cantidad. Este argumento, aunque habitual en la práctica jurídica, es débil: el Sevilla FC va a litigar en relación a si el contrato de Vitolo se rompió de forma unilateral, pues el futbolista había renovado y acordado una cláusula de rescisión superior al importe depositado en la LNFP. No se discute si el contrato sigue o no en vigor (se rompió y la prueba es que Vitolo no juega en el Sevilla FC), sino el valor de la indemnización por esta ruptura (sanciones deportivas a parte). Como quiera que este valor se va a pelear al alza, podría el Sevilla FC pagar “prudencialmente” el porcentaje sobre la cantidad ya obtenida, dado que este pago no es litigioso. El Sevilla FC ha obtenido 35 millones de €, y eso no se discute (si se discutiese, sería otro escenario diferente). Por ello, siendo rigurosos, nos parece un argumento endeble. En cuanto al segundo argumento filtrado, se afirma que como quiera que el jugador ha regresado a la UD Las Palmas, no tiene sentido pagar el porcentaje acordado. Desde el punto de visto jurídico y  con una óptica neutral, tampoco nos convence este argumento. El pacto de participación futura no guarda ninguna conexión con el destino final del jugador (salvo que se regulase alguna excepción en este mismo sentido, algo poco probable, aunque admisible en derecho). Se trata de facilitar una transferencia mediante una retribución variable condicionada a un evento futuro. Ni tan siquiera es necesario que haya una plusvalía. Depende, insistimos, de la redacción concreta del acuerdo. Si la cláusula de participación futura tiene una redacción ordinaria lo más probable es que este segundo argumento tenga poca consistencia jurídica.

¿Tiene más argumentos el Sevilla FC a su favor? Existen 2 argumentos más que a buen seguro serán utilizado por la representación procesal del Sevilla FC y que no han sido filtrados todavía. El primero, sería defender que UD Las Palmas puede ser considerada partícipe de un doble fraude de ley, primero, por facilitar una ruptura de contrato sin causa justificada de Vitolo, y segundo, por facilitar al Club Atlético de Madrid el fichaje de Vitolo estando pendiente una sanción FIFA cuyo objetivo es, precisamente, impedir fichar al equipo sancionado (aunque esa sanción se materialice, procedimentalmente, en una prohibición de inscripciones). El fraude de ley no puede aplicarse a la ligera, aunque en este caso, existen indicios y elementos suficientes para poder aplicarlo. Lo importante será analizar cómo tuvo lugar el pago de la cláusula de rescisión, y si Vitolo juega en el Club Atlético de Madrid en una o dos ventanas de mercado. Por tanto, aplicando los Principios Generales del Derecho FIFA, y también la legislación española (en este caso, los artículos 7 y 1.258 del Código Civil, también de aplicación a este caso), puede defenderse de la UD Las Palmas ha tenido un comportamiento antijurídico y que, por tanto, a causa de este propio comportamiento antijurídico ha perdido el derecho a reclamar esta cantidad acordada.

El otro argumento es propio del Derecho FIFA. Si tenemos en cuenta que el RETJ establece como un Principio General el “cumplimiento íntegro de los contratos” en su artículo 1.3b), y que todos los que “induzcan” a una ruptura injustificada del contrato deben ser sancionados y han del indemnizar al agraviado, según el art. 17 del propio Reglamento, resultaría antijurídico e ilógico pagar esta participación a la UD Las Palmas. Insistimos en ello: si el Sevilla FC obtiene una indemnización por el depósito insuficiente de la cláusula de Vitolo, por ejemplo, por importe de 10 millones de €, esta cantidad también es una deuda de la UD Las Palmas. Lo será prácticamente en todo caso porque se presume (art. 17.2 y 4 RETJ) que el equipo que firma al jugador que rompe su contrato le ha inducido a ello. La posición de la UD Las Palmas, en este caso, es las más débil de todos los afectados (aunque se diga lo contrario por el equipo canario, si el Sevilla FC termina ganando el procedimiento por el caso Vitolo, las consecuencias legales afectarán, de forma inmediata, a la UD Las Palmas). En resumen, no tendría sentido pagar a la UD Las Palmas 5 millones de € cuando puede ser condenada a pagar 10 millones €.

¿Puede la FIFA sancionar al Sevilla FC por no pagar a la UD Las Palmas? Es la pregunta principal que ha motivado este artículo. Según la legislación deportiva, es una posibilidad, aunque en este caso, poco probable. El RTEJ regula la mora en su artículo. 12bis, y el Reglamento General de la RFEF también se ocupa de ella en su artículo 192. Cuestiones de procedimiento a parte, y aplicando directamente el propio RETJ (que se aplica siempre para transferencias entre asociaciones, y no este el caso), entendemos que todo lo comentado anteriormente debería servir para evitar que el Sevilla FC sufra alguna sanción por retrasarse en este pago (contractualmente la deuda existe con atención al contrato de 2013), especialmente por la posibilidad, más que factible, de que existan créditos cruzados entras la UD Las Palmas y el Sevilla FC. Y en todo caso, la puntualidad en los pagos, si bien es otro Principio General del Derecho FIFA, no está tan protegida por la legislación deportiva como la estabilidad contractual. Es decir, para el derecho FIFA es mucho más grave romper un contrato unilateralmente que retrasarse en un pago contractual, y aunque en ambos casos hay sanciones, para los retrasos en los pagos se habla de advertencias, apercibimientos, multas, y, para los casos más graves, prohibiciones de inscripción para 1 o 2 ventanas de mercado. Es cierto que estas 4 sanciones son acumulativas, pero su imposición depende de las circunstancias del caso. Con todos los elementos en juego, al menos, los que son de conocimiento público, parece muy poco probable que puedan sancionar al Sevilla FC con la peor de las sanciones, la prohibición de inscripción, teniendo en cuenta, insistimos, que es la parte agraviada en una posible ruptura de contrato sin causa justificada y que el reclamante, las UD Las Palmas, es parte implicada en dicha infracción contractual. Aunque en derecho nunca se sabe. Habrá que seguir la evolución del caso.

 

Gerardo Siguero.

Derecho mercantil y deportivo.

Nota: la imagen de cabecera pertenece a la película “Stars Wars: Episode I - The Phantom Menace” (1999) y es propiedad de Lucasfilm y 20th Century Fox; se utiliza en este artículo con fines docentes, explicativos y de investigación jurídica en relación al texto de dicho artículo, al amparo de la legislación sobre propiedad intelectual.


El caso vitolo (2): ¡¡Enséñame la pasta!!

El llamado “Caso Vitolo” ha generado enorme interés en este blog jurídico. Por ello, más allá del primer artículo que elaboramos sobre este caso, que fue muy genérico y precipitado (para cubrir con celeridad la demanda de información), hemos decidido realizar nuevas publicaciones que expliquen al gran público varios de los aspectos concretos de este litigio entre el club de origen, el Sevilla FC SAD, el propio Vitolo, y los clubes de destino del jugador, la UD Las Palmas SAD y, presumiblemente, el Club Atlético de Madrid SAD.

En el presente artículo vamos a analizar, siguiendo la línea de todos nuestras publicaciones (es decir, máximo rigor jurídico pero con un lenguaje para todos los públicos) uno de los aspectos más interesantes de este conflicto jurídico: ¿cuánto dinero puede exigir el Sevilla FC a los posibles infractores? Partiremos de una premisa inicial de sobra conocida: que el jugador renovó su contrato por un acuerdo privado, mediante un contrato verbal u escrito que no llegó a formalizarse nunca en el contrato federativo (supuestamente tras recibir, una vez acordada la renovación consensual con el propio Sevilla FC, una oferta superior del Club Atlético de Madrid), habiendo ampliado su cláusula de rescisión de 35 a 50 millones de €. Por tanto, el depósito realizado por el jugador en la LNFP para extinguir su vinculación con el Sevilla FC sería insuficiente y Vitolo habría infringido el principio de estabilidad contractual contenido en los artículos 13, 14 y 17.1 del RETJ de FIFA de 2016, dado que la penalización contractual para romper el contrato no se habría satisfecho en su totalidad.

Las indemnizaciones económicas: antes de entrar en materia, es preciso comentar brevemente el concepto de “indemnización por daño”. El llamado “derecho de daños” es restrictivo. Las indemnizaciones por daño existen para compensar el daño real y efectivo. Es decir, la indemnización no es una multa o pena para el agente dañoso, ni un negocio lucrativo para el agraviado. Se trata de reparar el daño real sufrido (y demostrado). Y ésto es así tanto en el derecho continental (es decir, europeo), como en el sistema de derecho anglosajón (el “Common law”, si bien aquí los daños punitivos sí modifican este sucinto resumen y, sobre todo, distorsionan la imagen pública de esta institución). En cualquier caso, lo importante en relación a este artículo es explicar que las indemnizaciones son una institución restrictiva, que existen para reparar el daño real sufrido, y que dicho daño hay que demostrarlo.

El daño en el derecho deportivo: tras este breve resumen, hay que tener presente que tanto la FIFA como el TAS se rigen por el derecho suizo, que deriva del Código de Napoleón. A nivel del derecho de daños, nos movemos en el terreno del derecho continental. En este caso, sólo se indemniza el daño real demostrado, y además, se hace de forma restrictiva (es decir, en caso de dudas, no se indemniza). Pues bien, esta brevísima introducción es necesaria para explicar el por qué las resoluciones de la FIFA sobre indemnizaciones por incumplimientos de contratos relacionados con la transferencia de jugadores de fútbol y por qué los propios laudos del TAS que ponen fin a estos litigios han seguido una línea muy conservadora, restrictiva como decimos. Por ello, en los primeros casos de la Doctrina deportiva las indemnizaciones han sido, a nivel cuantitativo y cualitativo muy escasas. Con la puntual excepción del “Caso Mexés”, las instituciones deportivas han recurrido a criterios para cuantificar el daño contractual muy conservadores y, probablemente, muy distantes del daño real provocado. Probablemente, por falta de pruebas por parte de los demandantes, todo hay que decirlo.

Los criterios del TAS: para este artículo hemos recurrido a analizar, únicamente, la Doctrina del TAS más reciente, en concreto, los “leading cases” entre 2005 y 2016 (al menos, los hechos públicos hasta la fecha). El motivo de analizar sólo los laudos del TAS es que son las decisiones que ponen fin a los litigios de derecho deportivo, en particular, los relacionados con asuntos FIFA. Pero también porque son técnicamente mucho mejores que las resoluciones de los organismos de la FIFA que resuelven, en primera instancia, este tipo de conflictos. Pues bien, el TAS ha venido estableciendo una Doctrina oscilante en esta materia que se ha venido perfeccionando con el paso de los años. En especial, los casos “Matuzalem” “De Sanctis” (de 2008 y 2010) han sido los principales referentes, y son habitualmente citados en los laudos posteriores del TAS por los árbitros encargados de cuantificar las indemnizaciones por incumplimiento de estos contratos. Posteriormente vamos a enumerar, en un cuadro resumen adaptado a las circunstancias del “Caso Vitolo”, las distintas posibilidades que se podrían plantear en este litigio, derivadas de un resumen de toda esta Doctrina arbitral. Antes de eso, es imprescindible explicar algunos de los conceptos elaborados por la Doctrina del TAS para cuantificar dichas indemnizaciones por ruptura de contratos deportivos de futbolistas:

  • Pacto contractual específico: no necesita mucha explicación. Se trata de aquellos supuestos en los que los propios contratos regulan el régimen de incumplimientos y las consecuencias derivadas de éstos. En nuestro caso, se concretan en las cláusulas de rescisión, que son las que permiten “romper” este tipo de contratos de forma legal.

  • Especifidad del deporte: es un criterio muy utilizado por el TAS. En los primeros años de su utilización (ahora ha evolucionado), terminaba suponiendo una valoración del jugador cuyo contrato se incumple materializada en 6 meses de su salario (incluso en este caso había también discusión, pues se debatía entre el salario del contrato inicial, o del nuevo).

  • Remanente del contrato incumplido: es otra forma de valorar el contrato incumplido, valorando al futbolista y los daños por el incumplimiento de su contrato en la totalidad de su remuneración pendiente de pago (pues es el valor que el club agraviado estaba dispuesto a destinar por dicho disfrutar de los servicios del dicho jugador).

  • Parte no amortizada de la inversión en el jugador: supone una solución sensata y muy sencilla de utilizar: acudir a la propia contabilidad que valora como activo económico el contrato del jugador. Se recurre al valor contable del jugador para cuantificar los daños sufridos por la pérdida de su contrato. No hace falta mucha imaginación para utilizar a este criterio, aunque curiosamente se ha utilizado poco (el “Caso Mutu” fue paradigmático).

  • Valor de mercado del jugador: la pérdida de oportunidad del club agraviado por no pedir aprovechar una eventual transferencia del jugador. Es un criterio muy lógico pero que también se ha utilizado poco, en especial, por falta de pruebas de dicho valor. Soy de la opinión de que, con el paso del tiempo (y dado la “exuberancia irracional” del mercado de transferencias de jugadores de fútbol que estamos experimentando hoy en día), habrá que recurrir más y mejor a estos criterios. Aunque siempre habrá que considerar que dado que el derecho de daños es restrictivo, este valor deberá ser acreditado por el reclamante. Nada nuevo que no se venga a haciendo desde hace años en otro tipo de litigios, por supuesto.

  • Coste de reemplazo del jugador: otro criterio muy evidente para el sentido común y poco utilizado en la práctica. El TAS lo comenzó a aplicar en el “Caso De Sanctis” en 2010 en un laudo sumamente interesante. La forma de calcular dicho coste de reemplazo incluía la contratación de 2 futbolistas en este caso (por la importancia del jugador a sustituir), tomando en consideración tanto aspectos positivos como negativos. Los primeros para incrementar la indemnización, los segundos para reducirla. Es quizás uno de los casos más interesantes por el esfuerzo que realizar el TASA para aplicar una solución justa y adaptada a la realidad del mundo de fútbol. Y abre la puerta a muchas posibilidades indemnizatorias.

  • Daño deportivo/Daño de imagen/otros: aquí introducimos en “cajón de sastre” de múltiples circunstancias que pueden servir para terminar de ajustar la indemnización. Se aplican en raras ocasiones (por falta de pruebas una vez más y por tratarse de conceptos más abstractos). Elementos a considerar y que podrían tener relación con el “Caso Vitolo”: la condición de capitán del jugador, su estatus de internacional con España, su valor publicitario como jugador de referencia, e incluso que termine siendo inscrito por un rival directo (siempre que se acabe en el Club Atlético de Madrid en el mercado de invierno y que se demuestre la implicación de este equipo en la extinción del contrato de Vitolo). También el daño a la imagen pública sufrido por el Sevilla FC sería considerable como un posible agravante. También hay circunstancias atenuantes, como la fecha en que ocurrió, y el hecho de recibir una suma importante de dinero a cambio. Recordamos que estamos ante un brevísimo resumen.

 

Las posibilidades concretas para Vitolo: bien, tras un repaso sucinto, sencillo y sistemático de los conceptos indemnizables más importantes para el TAS en su Doctrina, pasamos a establecer, en un cuadro simplificado, todas las opciones posibles, partiendo de una serie de elementos e hipótesis que no son del todo seguras. Los datos considerados para plantear estas opciones se exponen a continuación:

Hipótesis de los datos relativos al jugador Vitolo:

  • Salario anual nuevo bruto con Las Palmas/Atlético de Madrid = 9 millones de euros
  • Salario anual bruto contrato incumplido con el SFC (tras renovar) = 7 millones de euros
  • Salario anual bruto antiguo contrato con el SFC = 4 millones de euros
  • Duración contrato nuevo con Las Palmas/Atlético de Madrid = 4 años.
  • Duración del contrato nuevo incumplido con el SFC (tras renovar) = 4 años
  • Duración pendiente del contrato antiguo con el SFC = 2 años
  • Ofertas recibidas para adquirir al jugador = 25 millones en 2016.
  • Cláusula de rescisión del contrato antiguo con el SFC = 35 millones €.
  • Cláusulas de rescisión del contrato nuevo incumplido con el SFC (tras renovar) = 50 millones de €.

Otros elementos a considerar:

  • Nolito = transferencia 9 millones + 3 años de salario a 5 millones brutos = 24 millones.
  • Jugador 2 (¿Jovetic?) = transferencia 10 millones + 3 años de salario a 5 millones brutos = 25 millones.

RESUMEN DE INDEMNIZACIONES SEGÚN JURISPRUDENCIA DEL TAS 2005-2016

 

CONCEPTO INDEMNIZABLE

ELEMENTOS

A AÑADIR (+)

ELEMENTOS A DESCONTAR (-)

INDEMNIZACION

Pacto contractual específico

Cláusula rescisión nueva

Cláusula rescisión antigua

15 millones €

6 meses salario jugador (E.D.)

Contrato nuevo SFC

Contrato antiguo SFC

2’5 millones €

Remanente del contrato incumplido SFC (tras renovar)

Salario antiguo

Salario nuevo

Sin sentido para este caso

Remanente del contrato incumplido + E.D.

Contrato nuevo bruto + 6 meses

40,4 millones €

Parte no amortizada inversión del jugador

Valor en contabilidad = incierto

Incierto

Valor de mercado del jugador/pérdida de oportunidad

Ofertas recibidas = incierto

Valor obtenido =

¿35 millones €?

Sin sentido para este caso

Coste de reemplazo/daño emergente

Valor de los sustitutos (2j)

Coste de mantenimiento del contrato incumplido

25 m €

Coste de reemplazo/daño emergente + pérdida de oportunidad

Valor de los sustitutos (2j)

+

Pérdida de oportunidad

Coste mantenimiento del contrato incumplido

Al menos

25 m €

Coste de reemplazo + daño deportivo (E.D).

Valor de los sustitutos (2j)

+

ED

Coste mantenimiento del contrato incumplido

29,5 m €

Coste de reemplazo + daño deportivo (E.D) + daño moral/imagen

Valor de los sustitutos (2j)

+ ED

+ Daño moral

Coste mantenimiento del contrato incumplido

Al menos

29,5 m €

La solución más probable: vemos en el cuadro inmediato anterior que las posibles indemnizaciones oscilarían entre 40,4 millones de euros (por el valor total del contrato incumplido considerando los salarios del jugador) y entre los 2,5 millones de euros por los 6 meses de salarios entendidos como especificidad del deporte. Para el TAS, por seguridad jurídica (quizás el concepto universal más estimable en todos los estados de derecho), la mejor solución, en caso de existir, serían los autoregulación de los afectados: es decir, lo que establezca el propio contrato, en este caso, la nueva cláusula de rescisión (es además la solución que prioriza el legislador deportivo por la literalidad del art. 17.1 del RETJ). Ajustando (por el principio de indemnidad del derecho de daños) dicha compensación al daño efectivamente sufrido: en este caso, 15 millones de euros que sería la diferencias entre la cláusula nueva y la antigua. Otras soluciones se nos antojan injustas y poco adecuadas a este caso (hay que entender que hemos hecho un análisis de los conceptos utilizados, despojados de las peculiaridades del caso concreto, en especial, debe considerarse que en muchos de estos supuestos los árbitros del TAS están buscando soluciones para proteger a un jugador cuyo contrato ha sido extinguido, sin justa causa, por su propio club-empleador; como es lógico en estos casos los cálculos y métodos difieren enormemente de cuando es el jugador quien rompe su contrato y firma por otro equipo, cada caso es un mundo). A estas cantidades se le podrá añadir otras sumas de dinero, difíciles de cuantificar en este momento, para compensar el daño a la imagen del club, e incluso el daño deportivo, tanto por lo que representa el jugador (para la afición y patrocinadores, por ejemplo), como para el caso de que termine jugando en un Atlético de Madrid, rival deportivo directo del Sevilla FC en los últimos años (de hecho, en un caso reciente el TAS consideró esta circunstancia para un jugador originario del Sporting de Portugal que pasó a jugar, tras estar en un tercer equipo, en el Benfica, su rival histórico). El “Caso Vitolo” se vislumbra apasionante desde todos los puntos de vista: desde la perspectiva del propio incumplimiento (punto de partida necesario) y desde la perspectiva económica. Probablemente nos encontramos con un caso de importancia similar a los casos “Mutu”“Ilsinho”“Matuzalem” o “De Sanctis”, que va a marcar Doctrina futura como uno de los casos del derecho deportivo más importantes de los próximos años en Europa. Habrá que estar atentos.

Gerardo Siguero.

Derecho mercantil y deportivo.

Nota: La imagen de cabecera pertenece a la película "Jerry Maguire" (1996) y es propiedad de TriStars Pictures, Gracie Films y Vinyl Films;  se utiliza en este artículo con fines docentes, explicativos y de investigación jurídica al respecto del texto del artículo, al amparo de la ley de propiedad intelectual.


El caso Neymar (1): Toma el dinero y corre.

EL CASO NEYMAR (1): Toma el dinero y corre.

Como ya anticipábamos en anteriores artículos de nuestro blog de publicaciones jurídicas, las cláusulas de rescisión iban a ser, una vez más, fuente de conflictos deportivos y objeto de debate público. Recordamos, para todos los interesados, nuestro anterior artículo del día 12 julio de 2017, muy exhaustivo y que aclara múltiples cuestiones jurídicas y económicas de las que se habla públicamente con muy poco rigor. A continuación indicamos el link a dicho artículo:

http://www.acodeabogados.com/blog/la-verdad-sobre-las-clausulas-de-rescision-i

Pues bien, entramos de lleno al objeto de este artículo. De forma sorprendente (aunque no inesperada, su Presidente lo había anticipado en la prensa), la LNFP ha denegado la liberación de la ficha profesional del futbolista Neymar Junior tras presentarse en la sede de la asociación representantes de Neymar y del Paris Saint Germain (en adelante, PSG), club que va a financiar el pago de dicha cláusula para incorporar al brasileño. Ya anticipamos que esta actuación, única en la historia de la LNFP (y contraria con actuaciones de hace sólo una semana), no es más que un maniobra dilatoria por parte de la LNFP. El jugador se marchará, extinguirá su contrato de forma absolutamente legal y jugará en el PSG la temporada que viene.

Las dudas de siempre: como pasa habitualmente en el mundo del fútbol profesional, la falta de transparencia supone un obstáculo importante para poder analizar, con rigor, los problemas que se están planteando. Nos obligan en la mayor parte de las ocasiones a recurrir a las filtraciones, rumores y a la especulación. En este caso concreto, no conocemos los motivos, más bien argumentos de derecho, que ha utilizado la LNFP para denegar la extinción del contrato profesional de Neymar Junior con el FC Barcelona. Una decisión de este tipo no puede ser arbitraria, sino discrecional y jurídicamente motivada. Y debería haberse resuelto por escrito además, como toda decisión reglada con trascendencia jurídica.

El conflicto: en resumen, la LNFP ha denegado la liberación de la ficha federativa de Neymar Junior vía extinción indemnizada del contrato especial de trabajo registrado en la LNFP que vinculaba a Neymar Junior con el FC Barcelona. Aunque no sabemos los motivos exactos (no se han hecho públicos), se han filtrado 2 argumentos1) por “competencia desleal” por una pretendida infracción del Fair Play Financiero por parte del PSG y 2) por una supuesta deuda pendiente de Neymar Junior (o de su padre y representante) por una prima de renovación incumplida.

La respuesta jurídica: entrando en materia, ¿puede denegar la LNFP la extinción del contrato laboral especial entre Neymar Junior y el FC Barcelona por estos motivos? Rotundamente NO. La LNFP realiza estas funciones en virtud de la Ley del Deporte y del Convenio de Colaboración con la RFEF (con el visto bueno de la FIFA, por supuesto). Una vez registrado e inscrito el último contrato entre el jugador y su club, el papel de la asociación es de un simple control formal de legalidad. Es decir, el contrato laboral especial, entre Neymar Junior y el FC Barcelona, que establece expresamente el pago de una indemnización liberatoria de 222 millones de euros (según ha reconocido el propio equipo catalán hace sólo unos días), el único análisis que debe hacer la LNFP es si el jugador (o alguien debidamente apoderado) pretende la extinción del contrato (y consiguiente “liberación deportiva”) y el dinero necesario para ello se pone a disposición en su totalidad. Ni un euro menos. Si el Paris Saint Germain y el propio Neymar Junior se ha presentado, debidamente representados, en la sede de la LNFP y con dinero suficiente (o medio de pago equivalente, por puesto), la LNFP no tiene más remedio que, tras el control formal, liberar al futbolista. Las excusas o justificaciones para no hacerlo no tienen ninguna eficacia jurídica.

La especialidad del mundo deportivo: la solución será rápida, entre otras cosas porque la organización institucional y económica del fútbol profesional así lo ha previsto ya. En efecto, todo el funcionamiento administrativo y jurídico comandado por la FIFA ha optado por una solución propia a los conflictos planteables: la FIFA pretende acelerar la resolución de los conflictos del fútbol y controlar tanto la solución de los mismos como la única legislación aplicable. La FIFA no se fía de los Estados, de las legislaciones nacionales y de los jueces de los países de los clubes y jugadores. El sistema FIFA tiene muchas sombras y es cuestionable, pero es verdad que aporta 2 ventajas incontestables: la unificación institucional y regulatoria contribuye a generar cierta seguridad jurídica (desde luego más que si los conflictos se resuelven según las diversas legislaciones y con sistemas judiciales heterogéneos) y permite obtener soluciones jurídicas en tiempos más razonables que en la mayor parte de los estos estados nacionales.

¿Qué va a pasar ahora?Es indudable que el RETJ de la FIFA es totalmente aplicable (estamos hablando de una transferencia entre clubes de distintas asociaciones), y los arts. 13 y 17.1 son muy claros al respecto. El jugador es libre, o debe serlo, porque su contrato se ha extinguido de forma válida (incluso con el derecho especial español). Un notario además ha levantado acta de todo ello para evitar dudas o excusas. Ahora, hay que acudir a los arts. 8 y 9 del TETJ así como al Anexo 3 (art. 8.3 y 4) y al Anexo 3ª del propio reglamente. En resumen:

1º) El PSG solicitará la inscripción de Neymar Junior en la Federación Francesa de Fútbol, aportando toda la documentación disponible a través del TMS.

2º) La Federación Francesa solicitará el CTI a la LNFP, que, salvo cambio de conducta, denegará el CTI por “falta de acuerdo”. Tiene 7 días para ello. En este caso, lo más probable es que se active el apartado 7 del art. 8. del Anexo 3 del RETJ FIFA y que el PSG consiga la inscripción provisional. Todos los afectados podrán, no obstante, litigar ante los órganos administrativos FIFA para reclamar sus derechos y exigir responsabilidades (económicas y deportivas), pero el jugador podrá jugar con el PSG. La FIFA, en este caso, decidirá rápido, en unas cuantas semanas.

3º) Si la LNFP no contesta dentro del plazo de 15 días, el CTI se obtiene automáticamente, aunque también de forma provisional. En este supuesto será la LNFP la que durante un año podrá reclamar sobre la falta de legitimidad de esta inscripción provisional. Transcurrido ese tiempo, la inscripción provisional se convertiría en definitiva.

Diferencia de trato: finalmente, y también como argumento jurídico, merece la pena mencionar el cambio de criterio, a nuestro entender totalmente injustificado, en la LNFP. El caso Vitolo es el precedente inmediato más llamativo en este sentido: un club que NO tiene, de ninguna manera, capacidad financiera suficiente para depositar 35 millones de euros consigue inscribir a este jugador sin el más mínimo problema, previo pago de una cláusula de rescisión de forma igualmente dudosa (más incluso que este caso, por la intervención del Atlético de Madrid y la sanción deportiva pendiente de cumplimiento). Pero, como hemos comentado en el artículo del Caso Vitolo (1), el análisis de estas cuestiones por parte de la LNFP es meramente formal: si el último contrato establece una cantidad determinada, y el jugador se presenta con la cantidad estipulada, se concede la operación sin mayores problemas. Aquí dio igual quién puso el dinero, si la UD Las Palmas podía permitirse esta operación por las reglas del Fair Play Financiero o si la cláusula era de 45 o 50 millones. El contrato registrado establecía 35 millones, el jugador los depositó ante la LNFP y está no se planteó nada más. E hizo bien. Y lo mismo pasó hace años en el Caso Figo o Rivaldo. Este cambio de criterio tiene transcendencia jurídica: porque estamos ante actos reglados no arbitrarios y por la aplicación la doctrina de los actos propios. Es decir, que si la LNFP decide resolver de forma diferente supuestos de hecho muy parecidos tiene la obligación de motivar, de forma convincente (con pruebas, no sólo con argumentos), las circunstancias que han justificado dicho cambio de parecer. De lo contrario, sus actos irán contra su nuevo criterio.

Nota: parece ser que el propio FC Barcelona va a aceptar el dinero y no se opondrá a la liberación federativa de Neymar Junior, según noticias recientes. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos.

Gerardo Siguero.

Derecho Mercantil y Deportivo.

[A]CODE ABOGADOS


La Operación Soulé y la Federación Española de Fútbol: ¿ Y AHORA QUÉ?

Todos los medios de comunicación nacionales han publicado la detención de Ángel María Villar, su hijo Gorka y distintos cargos de la Real Federación Española de Fútbol, en el marco de la Operación Soulé, y acusados, presuntamente, de delitos de administración desleal, falsedad documental, corrupción entre particulares y apropiación indebida, todo ello en relación con la organización de partidos internacionales. A buen seguro, cuando vaya desarrollándose la instrucción penal, se sumará algún cargo más a esta lista. De momento, como rige en un estado de derecho, todos ellos son inocentes hasta que un juez decrete lo contrario, aunque podemos analizar brevemente los hechos acontecidos hasta ahora.

La Federación Española de Fútbol es una asociación privada sin ánimo de lucro, de utilidad pública, según la Ley del Deporte y según sus propios estatutos, pero en ningún caso es una Fundación del Sector Público. La distinción es muy procedente, ya que con los indicios, relato de hechos de los que se dispone y las supuestas acusaciones, los responsables penales de estos delitos son las propias personas físicas, los directivos acusados, pero no la Federación en sí misma. Si tras la instrucción se detectaran delitos contra la hacienda pública y la seguridad social, la propia Federación podría ser responsable de dichos delitos, nuevo artículo 31 Bis del Código penal, si no demostró que puso los medios efectivos para detectar la conducta de sus dirigentes. La condena puede incluir una multa económica, la suspensión de las actividades de la Federación, la inhabilitación para obtener subvenciones y la propia disolución de la Federación, con la gravedad que esto supone.

Desde el punto de vista de los propios dirigentes, los acusados forman parte del órgano de gobierno de la Federación, por tanto tienen deberes respecto a la entidad que administran. Extractando del derecho de sociedades, mucho más depurado y avanzado que el asociativo, estos deberes pueden resumirse en el de diligencia, cumplir las normas, y en el de lealtad, la obligación de anteponer los intereses de la entidad a los propios. Parece que ambos han sido conculcados por estos miembros del órgano de gobierno. Y, por tanto, pueden responder personalmente de los daños causados por sus actos a la Federación de toda índole, tanto patrimoniales como morales, dado que están sujetos a responsabilidad civil por sus actos, según el artículo 15 de la ley de asociaciones nacional. Esto supone que en caso de que se llegue a conocer irregularidades económicas de orden civil, la Federación o sus asociados podrán solicitar su resarcimiento.

Ahora bien, ¿cómo afecta toda esta situación a nivel de competiciones deportivas? La respuesta es sencilla, aunque sigue existiendo interrogantes. Por supuesto, vamos a centrarnos sólo en aquellos aspectos competitivos que puedan verse afectados por la situación actual. [1]

Lo más urgente, la aprobación del calendario de LaLiga, que tendrá lugar el día 20 de julio de 2017 en Las Rozas. Este calendario, que propone y aprueba la LNFP, tiene que ser aprobado por el presidente de la RFEF en el término de 10 días desde su recepción. No obstante, el artículo 1 del Convenio entre ambas entidades (de fecha 11 de agosto de 2014 ) establece la aprobación tácita del mismo. Es decir, es la no aprobación lo que debe realizarse de forma expresa y además, con suficiente motivación. En principio, la situación personal del Presidente de la RFEF no debería afectar en este sentido, si bien, habrá que comunicarle personalmente, caso de ser necesario, la eventual aprobación de este calendario.  Sin embargo, en la práctica y así es como está previsto, dicho sorteo se hace en la propia RFEF, actuando de forma conjunta ambas instituciones, LNFP y la RFEF. ¿Qué pasará en este caso? Nadie lo sabe, porque no existe normas que regulen estos supuestos.

¿Y toda esta situación afecta a la figura de José María Villar Llona a su puesto como miembro de la Junta Directiva y de la Comisión Delegada de la RFEF? Los estatutos de la RFEF nada dicen al respecto. No está prevista la sustitución del Presidente por ningún motivo y sus facultades orgánicas siguen vigentes (principalmente, dirigir la Mesa de la Asamblea de la Federación).

Tanto para una convocatoria extraordinaria para elegir a otro Presidente, como para una posible moción de censura (que no sería el cauce normal para resolver este problema, pero que es una herramienta que también está ahí), los estatutos de la RFEF (artículos 1.2 y 8) no regulan nada estos efectos. Como la convocatoria para la moción de censura es facultad de la Junta Directiva, ésta podría realizar sin la intervención del Presidente. Eso sí, aunque las atribuciones del Presidente de la RFEF no está reguladas expresamente, sí se deduce del artículo 1 de los estatutos que es él quien debe presidir los debates, existiendo aquí un posible obstáculo par agilizar este cuestión. Quizás la solución la encontramos en la Comisión Delegada, de la que forma parte el propio señor Villar, y que tiene entre sus competencias dictar reglamentos, entre ellos, quizás pueda aprobar un reglamento electoral ad hoc para salir de esta situación de posible bloqueo institucional (la RFEF aprueba para cada proceso electoral, esta normativa es cambiante, aunque se inspira en el modelo FIFA y debe respetar la ORDEN ECD/2764/2015 de 18 de diciembre). Aunque la propia reglamentación de la RFEF no es clara a este respecto. El concepto de “comisión gestora”, prevista en la normativa general electoral-deportiva no forma parte del contenido estatutario de la RFEF. En definitiva, hay muchas más dudas que certezas.

¿Qué papel puede jugar a estos efectos el CSD? A priori, poco puede hacer dentro de sus competencias, pues a nivel normativo su intervención sólo cabría en la cláusula genérica del artículo 8.r) y 33 de la Ley del Deporte, que establece una competencia general de “tutela de la legalidad” por parte de este órgano meramente administrativo. De nuevo, normas muy genéricas y poco concretas. A nivel legal no hay mucho más añadir. Es difícil que esta situación pueda provocar el cese del actual presidente, contra su voluntad, claro, porque las normas no prevén este supuesto. Si José María Villar Llona quiere seguir en su cargo, probablemente podrá hacerlo, al menos, hasta las próximas elecciones. Otra cosa es que dimita pero, dada la experiencia histórica española, es la opción menos probable. Es lo que tienen las matemáticas: que son más precisas que el derecho.

Gerardo Siguero Muñoz.

Derecho mercantil y deportivo.

Ricardo Torres García.

Derecho mercantil y financiero.

[A]Code Abogados.

 

 


 

[1] La RFEF ha suspendido sus reuniones, y el sorteo de la liga, señalado para las fechas 19, 20 y 21 de Julio de 2017 en un comunicado en su página web: http://www.rfef.es/noticias/nota-informativa


EL CASO VITOLO: ¿puede romperse el contrato firmado anoche por sus agentes?

Vamos a escribir para dar respuesta, rápida, a todos los interesados en este complicado y espinoso asunto. Nos ponemos en situación: El jugador del Sevilla FC, Vitolo, firmó anoche una renovación de su contrato como futbolista del Sevilla por 5 años más, elevando su cláusula de rescisión de 40 a 50 millones de €. Dicho contrato lo firmó su club, el Sevilla FC, con sus agentes y con su padre. ¿Puede romperlo el jugador al día siguiente? ¿Qué consecuencias puede tener todo ello?

Las dudas: partiremos de una verdad, como siempre en estos casos (donde no hay transparencia por ninguna de las partes), que debe estar un tanto en el aire. El Sevilla FC habla de “varios documentos firmados”. Probablemente, se firmaron propuestas u ofertas vinculantes, pero la firma del contrato laboral para registrar en la Federación Española de Futbol quedó pendiente de la firma del jugador, como es normal. Partiremos también de una hipótesis necesaria: el poder para representar al jugador, por parte de sus agentes, necesitaba de un complemento, siendo la firma del padre de Vitolo complemento suficiente para dar plena validez al consentimiento prestado por su agentes. De lo contrario, no tendría sentido que la firma del padre del futbolista se haya incorporado a ningún documento, junto con la de su representante. En este caso, el consentimiento sería suficiente y los documentos, totalmente vinculantes.

¿Si lo que se firme no era el contrato del jugador, Vitolo está obligado?: hay mucha legislación que analizar de forma conjunta, porque la solución no es sencilla. La pregunta es doble:

 

1º) ¿Tiene que ser necesariamente el contrato laboral-federativo? A favor, el artículo 2 del Reglamento FIFA de 2015 sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores, y el artículo 3 del RD  1006/1985 de 26 de junio. En contra de esta tesis, el artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores, los artículos 1.278 y 1.279 del CC y los artículos 319 y 320 del Código de Obligaciones del derecho Suizo (de aplicación complementaria para la FIFA). La mejor solución en términos jurídicos es considerar que NO es un contrato formal, sino que cuando se habla de una forma concreta en los artículos específicos se está haciendo para facilitar la prueba de estos contratos, pero nunca supeditando su validez a un requisito de forma. Esta tesis se puede corrobar con doctrina de la propia FIFA y del TAS.

 

2º) Si los documentos firmados son válidos para obligar a Vitolo (y al Sevilla FC), ¿hacía falta la firma personal de Vitolo? Pensamos que no, siempre y cuando el contrato de representación con su agencia (Bahía) permitiese firmar documentos de este tipo. La intervención de su padre, firmando documentos (según dicen y vamos a suponer) parece un complemento para sus agentes, con ánimo de evitar un nuevo “Caso Figo”. Por tanto, no decantamos por pensar que la firma del padre de Vitolo y de su agente fue suficiente para generar un contrato totalmente obligatorio. La norma jurídica a aplicar sería estrictamente española y de derecho privado, en concreto, el artículo 1727 del CC.

 

¿Y qué va a pasar? El jugador podrá romper su contrato en virtud de su cláusula de rescisión, basada en su contrato antiguo (la federación NO ha registrado la renovación). No hay una transferencia entre federaciones (el jugador va a competir en España, ya en el Atlético de Madrid, en las Palmas, o en el Sevilla FC), por tanto, a nivel administrativo, la operación será ágil (no hace falta CTI). El Sevilla podrá reclamar a la FIFA daños y perjuicios, al menos, 10 millones de euros (más intereses y otros conceptos), que es la diferencia de valor entre la cláusula de rescisión antigua, 40 millones, y la nueva, 50 millones. Dictaminará FIFA a través del DRC y finalmente, el asunto llegará al TAS con casi toda probabilidad.

 

¿Sanciones deportivas? Si el contrato se ha renovado, pensamos que sí, se habrá incumplido un Principio General del derecho FIFA y del sistema de leyes español: el principio de estabilidad contractual. Y se habrá hecho dentro del período protegido (por la renovación). Vitolo puede ser sancionado a 4 a 6 meses sin competir y que Atlético de Madrid, o incluso la Unión Deportiva Las Palmas, también pueden sufrir sanciones deportivas, normalmente, del tipo que ya ha sufrido el propio equipo colchonero: al menos 2 ventanas con prohibición de inscribir futbolistas. El artículo 17.3 y 4 del Reglamento FIFA es muy claro al respecto. Lo que vaya a pasar, nunca se sabe, ni en el mundo del fútbol, ni en las esferas jurídicas. Y menos, estando la FIFA de por medio.

Gerardo Siguero.

Derecho mercantil y deportivo.