La insolvencia para personas físicas nunca fue una cuestión importante para nuestro Legislador, hasta que la crisis de 2008-2013 demostró que tanto la Ley Concursal, como ley especial, como el Código Civil y el Código de Comercio, como leyes generales, habían perdido toda su idoneidad normativa. No eran normas que tuviesen utilidad alguna desde el punto de vista socio económico, y había que buscar nuevas instituciones legales. No olvidemos, además, que todo viene inspirado más por un interés pragmático o utilitarista del Estado (reducir la economía sumergida, que supone un problema enorme en España en muchos aspectos muy heterogéneos), que por una genuina intención de mejorar el destino de la sociedad.

Desde entonces, se han sucedido nuevas reformas legislativas para facilitar soluciones a las insolvencias de las personas físicas. Haremos unos comentarios sobre las opciones legales, para que el público en general pueda tomar conciencia de la situación.

Tenemos dos soluciones legales (en síntesis y centrándonos en las personas físicas desde un punto de vista práctico, que no dogmático): el AEP (acuerdo extrajudicial de pagos) y el concurso de acreedores. Ahora analicémoslos de forma sintética:

AEP: para personas físicas con un pasivo inferior a cinco (5) millones de euros; es una institución paraconcursal; no protege ante ejecuciones administrativas; no afecta al crédito público; se desarrolla en una mediación acelerada con una duración de 3 meses aproximadamente; si fracasa desemboca en el concurso de consecutivo liquidatario; y facilita la consecución del BEPI (beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho), la popularmente conocida como “segunda oportunidad”.

Concurso de acreedores: no hay limitaciones de pasivo; es una institución concursal y se desarrolla ante un juez; protege de todo tipo de ejecuciones y afecta a todos los créditos, aunque de forma desigual; en la práctica, habitualmente dura años, o entre 6 y 12 meses en el mejor de los casos; si fracasa, termina en una liquidación sin acceso al BEPI (aunque hay Jurisprudencia que lo permite por analogía).

¿Qué herramienta nos interesará más? Puedes dependerá. Si la insolvencia es definitiva (el desequilibrio patrimonial es insalvable), sin duda, el AEP. Se trata no de reestructurar deuda, sino de poner en marcha los mecanismos legales para conseguir “la segunda oportunidad”. Y para eso nació, precisamente, el AEP.

Si la intención (responsable y viable), es reestructurar el pasivo, es mucho mejor el concurso de acreedores. Las normas de protección son más amplias. El espectro de pasivo a reestructurar también está ampliado. Incluso las mayorías para aprobar el convenio concursal son más sencillas para el concurso de acreedores. Es un procedimiento más caro, más lento, mucho más complejo, pero con mayores posibilidades.

No siempre será así, porque en ocasiones, incluso para reestructura el pasivo, el AEP puede ser más útil (por ejemplo, para un pasivo eminentemente financiero y de baja calidad crediticia, o con pocas garantías subyacentes), pero, en general, el consejo anterior es muy acertado.

En definitiva, el deudor tiene que analizar su situación, elegir la estrategia -viable- más adecuada, y ponerla en marcha. Los caminos son muy diferentes y las soluciones se parecen poco. Es importante conocer la realidad concursal y tener experiencia práctica, porque tanto para negociar los convenios, como para plantear los procedimientos, es fundamental conocer las verdaderas dinámicas y los comportamientos de los stakeholders, pues la realidad difiere totalmente de lo que diga el derecho positivo. Así, y sólo así, se podrá estar en condiciones de promover, con buenas expectativas, un procedimiento tan complejo como son procedimientos de insolvencias de personas físicas.

 

Gerardo Siguero Muñoz

Socio

[A]CODE Abogados