El Real Decreto 5/2021, establece en su disposición final séptima, la modificación de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, en los siguientes términos:

Cuatro. Los apartados 1 y 2 del artículo 6 quedan redactados como sigue:

1. Hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, haya o no comunicado al juzgado competente la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio. El cómputo del plazo de dos meses para solicitar la declaración del concurso previsto en el artículo 5.1 del texto refundido de la Ley Concursal comenzará a contar el día siguiente a dicha fecha.

2. Hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hayan presentado desde el 14 de marzo de 2020. Si hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive, el deudor hubiera presentado solicitud de concurso voluntario, ésta se admitirá a trámite con preferencia, aunque fuera de fecha posterior a la solicitud de concurso necesario.

A raíz de estos apartados cabe que nos preguntemos, ¿puedo presentar concurso si mi empresa se encuentra en estado de insolvencia a día de hoy?

La modificación operada por el ejecutivo, no muestra sino un desconocimiento total de la insolvencia y de la forma de resolverla, de la misma forma que acredita por qué un 92% de las empresas que van a concurso de acreedores acaban en liquidación, además de que en un porcentaje similar los acreedores acaban no cobrando sus créditos, como se expresaba en la exposición de motivos de la Ley Concursal, que era la finalidad del concurso.

La realidad es que estas medidas, no hacen si no dar una “patada hacia delante” al problema de la insolvencia de las empresas. Tampoco sabemos si resuelven potenciales cuestiones de responsabilidad de administradores por no solicitar en tiempo el concurso, ya que habrá que dilucidar en qué momento se estaba en ese “estado de insolvencia”, y desde cuándo se debería haber solicitado el concurso.

Por otro lado, esta exención del deber de solicitar concurso muestra la falta de cultura concursal que aún tenemos en España, ya que el concurso debiera ser un instrumento para facilitar la recuperación de empresas, brindando la posibilidad de superar ese estado de insolvencia, y no una mera certificación de la muerte de una compañía como parece haber considerado el ejecutivo.

Para que una empresa pueda salir de un estado de insolvencia, es requisito indispensable, que la empresa tenga actividad, tenga liquidez, y tenga capacidad para afrontar todos los pagos que puedan ser necesarios para el mantenimiento de la actividad que lleve a cabo. Si alargamos ese periodo de inactividad y dejamos sin liquidez a las empresas, la defunción será inevitable.

En conclusión, la exención del deber de solicitar concurso de acreedores, no tiene por que implicar por sí misma, la exención de responsabilidades de los administradores, ya que habrá que estar al momento en que “debiera” haberse solicitado el concurso, y para eso habrá que estar al análisis que la jurisprudencia haga de esta exención. La realidad, es que el concurso puede ser un instrumento perfecto para que determinadas sociedades puedan salir del estado de insolvencia, pero es necesario no tardar en tomar la decisión y acudir a esta herramienta con una estrategia definida.

 

Ignacio de la Higuera López-Frías

Asociado

[A]CODE Abogados