LA VERDAD DE LAS CLÁUSULAS DE RESCISIÓN (I): IMPACTO TRIBUTARIO

Dadas las fechas en las que nos encontramos, en pleno período de confección de plantillas para los equipos de fútbol profesional, vuelve a ponerse de actualidad, como casi todos los veranos desde hace tiempo, un debate público sobre la dicotomía entre traspasos-cláusulas de rescisión, es decir, sobre si es más o menos interesante llegar a un acuerdo para la venta de un jugador de fútbol profesional con el club que pretende al futbolista, o si es mejor provocar el pago de la cláusula de rescisión acordada en el contrato laboral con el jugador.

El debate: mucho se escribe y mucho se opina sobre si para los clubes (y sus aficiones, siempre exigentes) es mejor, o no, utilizar una u otra vía para negociar con los jugadores y con los equipos compradores. La cuestión además no termina de ser aclarada por 2 motivos: primero, porque las partes implicadas suelen incorporar a los contratos cláusulas de confidencialidad para evitar que las condiciones de la operación trasciendan a la opinión pública, y en segundo lugar, porque todos los implicados suelen filtrar información interesada, honesta o no, cuándo y cómo les interesa. En definitiva, ni los medios ni los aficionados pueden saber con certeza cuál de las versiones es la auténtica. Este artículo, que se va a dividir en varios capítulos, pretende poner un poco de luz al respecto para que todos los interesados en esta materia puedan conocer la realidad objetiva.

El concepto de las cláusulas de rescisión: merece la pena un breve comentario al respecto. Las cláusulas de rescisión son pactos contractuales específicos en virtud de los cuales un deportista profesional podrá extinguir su contrato laboral mediante el pago de una cantidad libremente negociada e incorporada en sus condiciones laborales especiales como deportista profesional. Es un derecho subjetivo de origen legal (art. 16 del RD 1006/1985 de 26 de junio), es decir, partimos de un derecho reconocido en la Ley. En cuanto a sus condiciones específicas, habrá que estar a lo pactado en el propio contrato entre el jugador y el club empleador (principalmente, en lo relativo al importe de la indemnización por la extinción anticipada del contrato). Es una institución jurídica muy conocida en España, y que tiene equivalentes en otros sistemas jurídicos (como en Italia o Alemania, por poner 2 ejemplos cercanos). Incluso, guarda cierta relación con el reciente Reglamento FIFA sobre el Estatuto y la Transferencia Jugadores de 17 de marzo de 2016, en concreto, con los artículos 13 y 17.1. El sentido originario de este derecho en España era permitir que un trabajador-deportista profesional, dada la especialidad de su relación laboral, pudiese liberarse de su relación contractual con su equipo o club pagando una cantidad justa y asumible de su propio bolsillo. El RD 1006/1985 de 26 de junio se promulga cuando el deporte profesional en España tiene unas dimensiones muy diferentes a las actuales. El crecimiento económico exponencial que ha experimentado el deporte profesional, en especial el fútbol, en España no se ha visto acompañado de una modernización de su legislación especial. Pero en este artículo nos vamos a quedar sólo con este concepto.

 

El problema económico: la falta de adaptación de este derecho a las nuevas circunstancias del deporte profesional (donde se han disparado tanto los salarios como los precios de transferencia por los traspasos) ha provocado muchos problemas. Incluso, se puede decir que han desnaturalizado estas cláusulas contractuales, pues éstas nacieron para proteger al trabajador-deportista profesional de situaciones injustas o en las que, por la especificidad de su trabajo (deporte), debían tener acceso a una salida rápida y legal de sus contratos. En las condiciones actuales, son más un forma de “comprar su contrato empleo” (citando palabas del DRC de la FIFA en el famoso caso Webster de 2007) para tener acceso a una mejora personal vía ruptura del contrato originario. Se podría decir que se ha pasado de una medida “protectora” a una suerte de “privilegio de ruptura”. Se han invertido las posiciones, el débil es el club-empleador y el fuerte es el deportista-trabajador. Pues bien, en este escenario nuevo, el pago de las cláusulas de rescisión se ha visto envuelto en un problema económico y tributario: si los importes de las cláusulas son tan altos que el deportista no posee capacidad de pago, y las satisface un tercero en su beneficio, ¿qué implicaciones tributarias tiene dicho pago? Porque la obligatoriedad de pagar impuestos, y la forma de pagarlos en una economía con una presión fiscal tan alta como la española es uno de los aspectos clave de cada negocio u operación patrimonial. Y éste es el objeto de este artículo.

 

La ley tributaria: en España no tenemos ninguna norma específica que se ocupe de la tributación de las cláusulas de rescisión de los deportistas profesionales. Hemos de acudir a la legislación general, y aplicar los conceptos generales. Hay que decir que no existen apenas precedentes, Jurisprudencia o doctrina sobre la materia. Históricamente, la solución ha sido considerar que, cuando las cláusulas las pagaba un tercero, habría que integrar este pago como una retribución más del IRPF del deportista y, por tanto, el importe se incrementaba entre un 42’5% y un 55% (dependiente del momento y del lugar, por hablar de los escenarios más recientes, desde la última reforma importante de la Ley del IRPF en el año 2007). Es decir, si la cláusula establecía una extinción indemnizada de 10 millones de euros, el coste total para el club de destino del jugador que rompía su contrato era de 15’5 millones de euros (yéndonos al ejemplo más caro). ¿Por qué se ha seguido este criterio? Por prudencia y pragmatismo. La AEAT, el fisco español, interviene en régimen de autotutela bajo amplias prerrogativas y facultades. Si la AEAT considera que existe una deuda tributaria, después de un procedimiento reglado dicta una liquidación tributaria que hay que pagar o avalar financieramente para poder seguir discutiéndola. La discusión administrativa y judicial durará años y, mientras tanto, el dinero ya se habrá pagado. Si tenemos en consideración además que los jueces y tribunales suelen confirmar los actos administrativos de la AEAT en un porcentaje elevadísimo de los caos, el coste de oportunidad y la baja probabilidad de vencer a la AEAT desincentiva litigar o discutir en esta materia. Por eso, todos los implicados optaban por acordar traspasos en las mismas cantidades, o similares. Además, existe un factor decisivo: las cláusulas hay que depositarlas en su totalidad para poder obtener el efecto liberatorio; en cambio, si las cantidades tributan (o pueden tributar por IRPF) el pago final sufre un descuento vía retención o ingreso a cuenta, del que responde el financiador directamente. Es decir, siempre y en todo caso al importe de la cláusula habrá que sumar la retención tributaria (entre 21% y el 19% en los tiempos más recientes, según la fecha de la operación). Por tanto, en el ejemplo anterior el club de destino, sobre una cláusula de 10 millones de euros, debía en primer término destinar 12’1 millones de euros desde el primer momento para poder depositar en la LFP el importe (neto) de la cláusula de rescisión (de nuevo, aplicando el escenario más caro).

 

 

La solución actual: en julio de 2016 ha cambiado el panorama, no por una modificación legal (la Ley sigue siendo la misma), sino por una nueva interpretación del derecho tributario realizada por la Dirección General de Tributos (consultas V3375-16 y V3459-16). Este órgano, la DGT, existe para resolver dudas tributarias que, en determinadas circunstancias, vinculan a la actuación futura de la propia AEAT. En este caso, la DGT ha resuelto, por primera vez, toda esta problemática, estableciendo el siguiente criterio en 2 consultadas vinculantes:

–          IS: cláusula o traspaso tributan de la misma manera en sede del club de origen, como transmisión de un activo intangible.

 

–          IVA: si se produce un traspaso, está sujeto a IVA. Si se extingue el contrato vía pago de la cláusula de rescisión, no (incluso aunque la pague el club de destino, lo cual es una novedad sumamente importante).

 

–          IRPF: la parte más importante de la nueva doctrina tributaria; se podía interpretar que si un tercero financiaba el pago de la cláusula de rescisión de un deportista, había una ganancia patrimonial a favor de éste en su IRPF, que debía tributar. Pero, de forma sorprendente, la DGT considera que, desde julio de 2016, incluso en estos casos, no se debe tributar por el IRFP del jugador (por ningún tipo de renta, ni rendimiento del trabajo ni ganancia de patrimonio). Por supuesto, tampoco se tributa IRPF en el traspaso, pues ahí el jugador no interviene económicamente en la transacción. Y como no se sujeta a IRPF, tampoco hay obligación de retener a cuenta (19%).

 

A continuación vamos a ver un esquema real, sencillo, para entender las implicaciones de este cambio en la interpretación del derecho tributario en millones de euros, partiendo de un jugador con una indemnización contractual de 40 millones de euros y aplicando la normativa tributaria de 2017:

 

*Nota: con el anterior criterio tributario en las cláusulas de rescisión, al menos, se habría retenido un 19% de IRPF, por lo que el valor económico final sería de 47’6 millones de €, y el coste de tesorería de 47,6 millones. Por tanto, a nivel de tesorería era ligeramente mejor pagar la cláusula de rescisión (habría un ahorro de 800.000 €), aunque el valor económico final sería de 7,6 millones más caro, por el carácter neutral del IVA en relación al pago de la retención del IRPF. En estos casos, era mucho más interesante para el club comprador pactar un traspaso.

 

La conclusióncon el nuevo criterio interpretativo de la DGT (que, ojo, es vinculante pero no es Ley, y puede volver a cambiar a futuro), es más interesante, por una cuestión meramente financiera o de tesorería, obtener los derechos federativos de un deportista mediante el pago de su cláusula de rescisión, que pactando un traspaso. Aunque el valor económico final es independiente de la opción elegida, a nivel de tesorería es más interesante para el club de destino hacerse cargo de la cláusula de rescisión, pues se ahorra pagar el IVA de la operación en el primer momento. Conviene señalar que el IVA es un impuesto neutro para los clubes, es decir, aunque lo pagan en un primer momento, dicho pago se lo compensarán en el futuro cercano con su IVA devengado a pagar a la AEAT, por eso diferenciamos entre el valor económico final y el coste de tesorería de la operación. Finalmente, es preciso señalar que en estas operaciones la financiación es otro aspecto a considerar: los bancos no suelen financiar a las SADs (salvo excepciones) y los pagos por transferencias están muy protegidos por las normas FIFA. De ahí que sea habitual, e incluso deseable desde el punto de vista empresarial económico, financiar el pago de las cláusulas y traspasos de los deportistas profesionales en calendarios de pago definidos contractualmente.

Gerardo Siguero.

​Derecho mercantil y derecho deportivo.

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