DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO DE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

(el impuesto de las hipotecas)

Recientemente, la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, ha dictado una sentencia que no ha dejado indiferente a nadie y sobre la que se ha creado una vorágine que da lugar a varias interpretaciones. A modo resumen y antes de entrar en detalles, lo que viene a establecer el Tribunal Supremo a través de esta sentencia es que, la entidad bancaria es la obligada al pago del impuesto. Sin embargo, poco ha durado la ilusión de creer que se va a poder reclamar este impuesto pues ya se ha anunciado que el Tribunal Supremo se reunirá en Pleno, muy posiblemente para desdecir lo sentenciado por la Sala Tercera.

Contenido y razonamiento de la Sentencia  del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2018.

The Supreme Court established in its decision 1505/2018 that «with regard to the modality of document (stamp) duty (ITPAJD tax), the lender is the taxable subject regarding the constitution of the lender’s right, as acquirer of the real right of mortgage, which is what is truly registered, and, in any case, because authorized copies may be issued at the lender’s request, is the main party interested in the registration of the mortgage collateral «.

The Supreme Court reached this conclusion based on the following reasons: a) inscription, since the bank is the only party favoured by inscription in the Land Registry because registration of the mortgage is a security right; b) reasons related to legal configuration of the tax base, since the main and only aspect that the legislator has contemplated in the taxable base is the mortgage, and because inscription in the Land Registry is what allows the bank to exercise legal privileged actions; c) and the correct interpretation of article 29 of Spanish tax law. All this leads the judgement to conclude that the beneficiary of the document that gives rise to the tax is the mortgage creditor, since he and only he is legitimated to exercise the actions that the legal system offers to the holders of registered rights, that is to say, that the mortgage creditor is the only party interested in registering the mortgage, as the mortgage lacks efficacy without its inscription in the Land Registry.

Vías de reclamación.

Esta Sentencia abre dos posibles vías de reclamación, la vía civil, la reabre más bien, y la vía administrativa, ésta última más automática y ágil.

En cuanto a la vía administrativa, habría que iniciar un procedimiento de devolución de ingresos indebidos, con la particularidad que solo se pueden reclamar por esta vía aquella autoliquidaciones presentadas en los últimos 4 años. Es un procedimiento mucho más ágil que la vía judicial y debe operar de forma automática después de este pronunciamiento.

A través de la vía civil, solicitando en sede judicial la declaración de nulidad de la cláusula que asigna de forma indiscriminada al prestatario de todos los gastos relativos al préstamo hipotecario, entre los que se incluyen el impuesto de actos jurídicos documentados.

Este pronunciamiento está en íntima conexión con el que dictó recientemente la Sala Primera del Tribunal Supremo en fecha 15 de marzo de 2018, en la que la Sala Primera matizó su criterio reproducido en la archiconocida sentencia de 23 de diciembre de 2015, en cuya virtud se reconoce que la jurisdicción contencioso-administrativa es la competente para determinar el sujeto pasivo del impuesto y, por otro lado, remitiéndose a la propia jurisprudencia de la Sala Tercera, extrae la consecuencia de que el sujeto pasivo es el prestatario. Está en íntima conexión porque a la jurisprudencia que se remite la Sala Primer ha sido modificada, donde antes el sujeto pasivo del impuesto era el prestatario, ahora es la entidad bancaria, con lo cual, ahora en aquellos casos, en lo que la reclamación del impuesto se encuentra en vía civil, deben tener en cuenta los tribunales este último criterio sentado por la Sala Tercera para ordenar la devolución del impuesto al consumidor.

La vía civil, también será una vía útil para aquellos que hayan presentado la autoliquidación hace más de 4 años, ya que lo que se ejerce es una acción de nulidad de pleno derecho, siendo ésta imprescriptible.

En principio, si lo reclamamos por la vía administrativa, será la Hacienda autonómica la que nos haga la devolución, y si lo reclamamos por la vía civil, será el banco el que nos devuelva la cantidad ingresada en concepto del impuesto.

Efectos de la sentencia.

La repercusión de la sentencia no se ha hecho esperar, y tan pronto como fue publicada ha sido suspendida en sus efectos hasta que se reúna el Tribunal Supremo en Pleno y la ratifique, matice, o simplemente la deje sin efecto alguno. Como efecto más significativo, fue el comportamiento de la bolsa a raíz de la publicación de la sentencia, en la que el valor de las entidades bancarias bajó considerablemente, para después, con la noticia de la suspensión de los efectos de la sentencia repuntar un poco.

En el hipotético caso que la ratifique, escenario poco esperada en el argot jurídico por la trascendencia económica que puede tener en las arcas del Estado, esta sentencia formaría jurisprudencia y abriría las vías que anteriormente hemos comentado, siendo la vía administrativa una cuestión de automatismo. No obstante, hay que ser cautos y esperar el resultado del Pleno del Tribunal Supremo para emprender cualquier reclamación.