La improcedencia del disclosure del informe de Deloitte en el caso Banco Popular. Motivos para la no publicación en su integridad.

La JUR ha decidido no hacer público el informe de Deloitte que ha servido de base para resolver el Banco Popular. Se ha publicado una versión editada, censurada, de la decisión de la JUR en la sesión ejecutiva del 7 de Junio de 2017 disponible en inglés en ( http://estaticos.expansion.com/opinion/documentosWeb/2017/07/12/Decision_Resolucion_Popular_NoConf.pdf ). En dicho documento se exponen las razones para la Resolución del Popular, y aunque no revela información sustancial que no se conociera previamente, dado que los números están censurados, sí se exponen los criterios para proceder a la resolución de la entidad dado que ésta no podía cumplir con sus funciones y podía afectar a la economía real y a la estabilidad financiera, ya que:

1.Existía riesgo de contagio o pánico bancario (bank run) en los depositantes, con posibilidad de extensión al resto del sistema, sin que éste pudiera absorber el tamaño del Popular.

2. La Capacidad de préstamo a PYMES estaba amenazada y tendría un impacto sustancial en la economía real y capacidad de contagio.

3.La función de pago y servicios de la entidad estaba amenazada y existía riesgo de contagio.

4.Banco Popular era el sexto banco español con activos por valor de 147 billones de euros, lo cual, lo hacía de naturaleza sistémica y así lo había calificado el Banco de España.

Lo que falta en la versión no confidencial hecha pública son los datos para sustentar dichas afirmaciones, pero las mismas son muy claras y era necesaria su publicación, como yo mismo había indicado en post anteriores, por cuestiones de transparencia. Tras la publicación en prensa económica y generalista de la decisión no confidencial de la JUR, una vez más, existe revuelo acerca de que la decisión haya sido editada y la misma no se haga pública en su integridad, solicitando incluso el Ministerio de Economía la divulgación del informe. ¿Procede su disclosure o publicación sin censurar actualmente?

Bien, la directiva, artículo 36, nada indica al respecto, pero la crisis financiera de 2007, y las medidas implementadas para solucionarla nos dan la solución al respecto. En primer lugar, debemos recordar que dada la virulencia de la crisis financiera anterior, tanto en Estados Unidos como en Europa se ha dotado a las instituciones públicas de herramientas poderosas para frenar el contagio, el riesgo sistémico y el riego moral en la quiebra de entidades financieras, para que la economía real y el sistema financiero en general no se vean afectados.

Dicho lo anterior, la encrucijada de revelar información sensible durante una crisis ya se planteó en el periodo 2007 – 2009 para las entidades que solicitaban préstamos o liquidez a las instituciones públicas mediante la figura del LORL (Lender of Last Resort o prestamista de último recurso, normalmente los bancos centrales, a través de distintos programas al efecto) y el estigma que podían causar en el mercado a las entidades que acudían a dichos préstamos.

La ley Dodd Frank establece un periodo de dos años desde la concesión de dichos préstamos, o un año después del fin del programa, para evitar distorsiones en los mercados y estigmas derivados de la concesión de dichos préstamos, ya que tanto sus contrapartes como sus depositantes, los verán como débiles y huirán de las entidades que han acudido al préstamo. Ben Bernanke, ex presidente de la Fed, expresaba así estos temores:

“las provisiones (de liquidez) sirven al importante propósito de avanzar en la transparencia, la responsabilidad, y la legitimidad democrática, y no estoy solicitando que esto cambie, pero tenemos que ser conscientes de que, si incrementamos el riesgo de  revelación temprana de la identidad de los prestamistas, estos requisitos probablemente reducirán la voluntad de las entidades de pedir prestado de la FED en situaciones de pánico y esto puede, potencialmente perjudicar  la efectividad de una respuesta del gobierno a la crisis«[1]

 

El concepto que subyace en todo esto es el de contener distorsiones en el mercado en épocas de turbulencias financieras a través de evitar que el estigma de ciertas entidades se propague, provocando reacciones no deseadas, ilógicas ni razonables en entidades que son solventes, pero que el mercado puede detectar como no solventes por el hecho de solicitar liquidez al banco central.

Dadas las conclusiones anteriores para pánicos bancarios en crisis, es fácil ver las similitudes con el Popular y porqué no es adecuada, aún, la difusión completa de los datos de la resolución. La resolución del Popular (y sus problemas previos de solvencia y liquidez), la resolución de los dos bancos italianos y la prohibición de las posiciones bajistas en Liberbank (esta es la principal prueba) están causando turbulencias  que pueden contagiarse al sistema financiero en general. La razón de ser de las herramientas de resolución es atajar dichas turbulencias, que el sistema sea estable y que no se empleen recursos públicos, y por estos motivos no puede hacerse pública aún la información sensible del Popular, puesto que podría conllevar un pánico financiero no deseado y una inestabilidad en el sistema.

Imaginemos que los números del informe, los métodos, los fundamentales y las cuestiones de valoración a mercado del banco salen a la luz completamente. ¿Como reaccionaría el mercado a esto?  ¿Qué pasaría con los bancos, solventes, que presenten cuestiones parecidas al Popular y los ecos de la prensa al respecto? Es sencillo, todos los financiadores a corto, empezando por los depositantes, retirarían su posición, puesto que el mercado apunta en esa dirección y el pánico no es racional. La inesperada y amplia retirada de fondos a corto en un banco puede iniciar la chispa de un pánico bancario, lo que nunca puede predecirse.

Los pánicos bancarios han sido ampliamente estudiados en la literatura científica, llegando la misma a la conclusión del difícil equilibrio que la reserva fraccionaria bancaria impone a las entidades (básicamente el equilibrio para el financiador a corto es “stay” or “run”, quédate o corre) y la posibilidad de que bancos solventes quiebren como consecuencia de estos pánicos. El estudio clásico al respecto es el de los profesores Douglas Diamond y Philip Dybvig, profesores de Yale y Chicago.[2] En la actualidad, y dada la sensibilidad de los mercados tras la novedosa resolución, podemos enfrentarnos a un pánico financiero que altere el sistema.

Por tanto, extrapolando las conclusiones anteriores a la resolución del Popular, es fácil adivinar porqué la JUR y el BCE no harán público el informe de Deloitte, y porqué no deben hacerlo. Su divulgación al completo podría suponer el inicio de un pánico bancario en algunas partes del sistema, incluso para entidades solventes, y los principios mínimos de regulación financiera y prudencia aconsejan no hacerlo, puesto que una vez la hoguera comienza a arder, es difícil pararla. Esta es la demostración, una vez más, de que las actuaciones que parecen lógicas en el mundo real, no lo son tanto en las cuestiones de regulación financiera, que siguen otros parámetros regidos casi exclusivamente por la confianza que tiene el mercado en el desempeño de la actividad bancaria.

Ricardo Torres García.

Corporate and Finance Law.

[A]Code Abogados.


[1] Traducción propia. El original, de 3 de Diciembre de 2015, puede consultarse en https://www.brookings.edu/blog/ben-bernanke/2015/12/03/fed-emergency-lending/

 

[2] Banks Runs, Deposit Insurance and Liquidity. Douglas Diamond y Philip Dybvig. 1983 Puede encontrarse en https://www.macroeconomics.tuberlin.de/fileadmin/fg124/financial_crises/literature/Diamon_Dybvig_Bank_Runs__Deposit_Insurance__and_Liquidity.pdf